Archivos en la Categoría '1'
El tema de los fondos que Minera Alumbrera gira a las Universidades Públicas toma cada
vez más estado público y, entonces, se transforma en escándalo. Cada vez más
estudiantes, más docentes, más trabajadores y autoridades de las mismas se sienten
interpeladas por las voces que desde hace años denuncian la contaminación y la
expoliación que genera la explotación minera más importante del país. Desde el año
pasado, la oscura relación de las Universidades Públicas (UP) con Minera Alumbrera
Limited (MAL) ha tenido resonancia en los principales medios de comunicación tanto
nacionales como provinciales, muchas veces con posiciones antagónicas, como el cruce
Svampa-Reboratti en la columna de opinión del diario
paradigma del estado actual de la discusión, que gira en torno a uno de los cauces por los
que llegan fondos de MAL a las UP: la distribución de las utilidades del YMAD, el ente
interestadual encargado de la explotación de los yacimientos dentro de los cuales se
encuentra el de Bajo de la Alumbrera. En efecto, de las ganancias obtenidas por la
explotación de dicho yacimiento, MAL está obligada a abonar el 20% al YMAD, con el
que forma una Unión Transitoria de Empresas (UTE), quien a su vez está obligado a
distribuirlo con la provincia de Catamarca (60%), la Universidad Nacional de Tucumán
(20%) y el resto de las UP (otro 20%). Este 20% (más el 20% correspondiente a la
Universidad de Tucumán), que comenzó a distribuirse en 2008, es el que está puesto en
cuestión
de las UP, éstas ya habían recibido millones de MAL, por medio de convenios privados
entre cada universidad y el emprendimiento minero, celebrados bajo el auspicio de la
“autarquía económica“ que rige las UP desde la menemista Ley de Educación Superior
(LES). A comienzos de este año ya expresamos nuestra postura con respecto a los fondos
provenientes de los convenios, compartida en sus generalidades por otros estudiantes y
docentes de nuestras Universidades, así como por organizaciones sociales, ambientalistas,
personalidades e intelectuales. Remitimos a dicho documento para una información más
detallada de la primera forma en que las UP recibieron y reciben fondos de MAL
como para un panorama y una serie de referencias sobre la explotación y la
contaminación producida por la minera. Tal como hiciéramos en su momento,
mantenemos férreamente nuestro rechazo a los fondos de MAL, sea los provenientes de
convenios o de la distribución de utilidades del YMAD, donde las UP obtienen
dividendos, a la manera de socios capitalistas, de la archicuestionada explotación del
yacimiento Bajo de la Alumbrera. A su vez, creemos necesario realizar un análisis más
pormenorizado de la cuestión, puesto que, sobre todo la segunda forma en que aparecen
los fondos de MAL en las UP, blindada legalmente y resistida ética y políticamente,
requiere consideraciones teóricas más pormenorizadas, con el fin de dotar de argumentos
a las consignas expresadas en las numerosas declaraciones encontradas que, dijimos,
Clarín1, que podemos tomar como2. Pero antes de que estas utilidades comenzaran a ser depositadas en las cuentas3, así
1 Ambos artículos se adjuntan a la presente como Anexo I.
2 50.000.000 que se distribuyeron en 2008 y 36.800.000 que se liquidaron en 2009. Véase la resolución
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la forma de distribución propuesta por el misma en el
anexo VI.
3 Puede leerse en
www.nounsamalumbrera.wordpress.com.
tienen su paradigma en el cruce Svampa-Reboratti, aunque no toda su manifestación.
Finalmente, y como última consideración
general, creemos que es imprescindible ligar la
discusión de los fondos UP-MAL a la cuestión del financiamiento estatal de la educación
y por eso mantenemos también de modo férreo nuestro llamado a la movilización para la
anulación de la Ley de Educación Superior (LES) y, frente al rechazo a los fondos de
MAL, proponemos: 100% de presupuesto estatal para la educación. Con esto se logrará
avanzar en la autonomía del saber producido en la Universidades frente al poder
económico, que solo lo utiliza en tanto maximiza las ganancias de las empresas.
noalosfondosmineros.wordpress.com
Universidad Nacional de San Martín
Por un frente interuniversitario contra los fondos mineros
En los dos puntos siguientes, se analizan brevemente la cuestión de los fondos que
ingresan a las UP a través de MAL y se reproducen breves e interesantes textos para el
debate en seis anexos.
Por: Gabriel Masip – Universidad Nacional de San Martín
1) Las dos formas en que MAL ingresa dinero en las UP
El dinero ingresado en las UP por MAL tiene dos formas; distinguirlas nos ayudará a
comprender claramente por qué debemos rechazar ambas sin necesidad de perdernos en
problemas “escolásticos” sobre el origen de los fondos y sin necesidad de quedar
anulados discursivamente frente a la legalidad de sus formas, quedando varados en una
indiscutida posición “ética”. Avanzamos sobre las apariencias y los fenómenos, sobre
todo nosotros que somos integrantes de lo que podemos llamar, con el Dr. Raúl
Montenegro, “cuerpos sociales de conocimiento”
fundamental entre ambas formas: una, la de los convenios, reconoce directamente que las
UP tienen que estar al servicio de las empresas, o sea, que sus conocimientos tienen que
estar dirigidos a maximizar las ganancias de las empresas y que sirven en tanto cumplen
esta función. Esta forma, ya se ha marcado, está detalladamente explicada en las
consideraciones realizadas en el artículo
4. Así, reconocemos una diferencia
La Unsam y el convenio con Minera Alumbrera
y, por eso, no nos extendemos en ella. Diremos, solamente, que por medio de esta forma,
el dinero contante y sonante ingresa en las UP por medio de un contrato privado. La
segunda forma, la de la distribución de utilidades del YMAD, se basa en una anticuada
ley de 1958 que, a sabiendas del interés de grandes grupos económicos sobre estas
riquezas naturales, intentaba resguardar los resultados de la explotación, repartiéndolos
entre el estado provincial y las UP. Claro que esta forma legal permitió que el YMAD se
asociara en desventaja abismal con una empresa como MAL mediante la UTE. Así, por
medio de esta forma, el dinero contante y sonante ingresa a las cuentas de las UP por
4 “Pedido de rechazo de los fondos procedentes de YMAD destinados a Universidades Nacionales”,
Prof. Dr. Raúl Montenegro. En el Anexo III se adjuntó un extracto de este documento. En el sitio citado en
la nota 2, se puede descargar el documento completo.
medio de la distribución de las ganancias obtenidas por la explotación de Bajo de la
Alumbrera. En efecto, el artículo 1º de la resolución del Consejo Interunivertario,
adjuntada en anexos, reza: “Proponer la distribución de las utilidades líquidas y
realizadas de los “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio” disponibles a la fecha del
presente”. Decimos entonces que en este caso las UP son socias en la explotación del
yacimiento, y no lo perdemos de vista: no son tan solo fondos, son ganancias frescas de la
explotación del yacimiento. “Frescas” de contaminación y expoliación.
Frente a estas dos formas, tenemos dos modos básicos y sencillos de anular el ingreso de
los fondos en las UP: una, anulando y no firmando más convenios
anulación de la ley 14.771, que estipula la conformación y la forma de distribución de las
utilidades del YMAD. En el segundo caso, la instancia previa, es el rechazo formal de las
UP a los fondos del YMAD. A su vez, estos quedarán retenidos en las cuentas de las UP y
deberán ser derivados oportunamente (pues, en el caso de las utilidades repartidas en
2009, los fondos ya están en las cuentas, al menos de la CIN, aunque desconocemos el
circuito físico de este dinero). A la anulación de la 14.771 seguirá la disolución de la UTE
con MAL y la paralización de la explotación del yacimiento
ocurrir si prosperan en la justicia las causas por contaminación, tema aparte).
La medida de fondo que vale para la anulación de estas fuentes espurias de financiación
de las UP, es la anulación de la LES y la concreción del financiamiento 100% estatal para
la educación.
5 y otra, solicitando la6 (cosa que también puede
5 Este paso, el de la anulación de todos los convenios con empresas privadas que actualmente tienen las
UP (Carrefour, Nobleza Piccardo, Banco Santander Río, etc.), así como del arancelamiento de muchas
carreras o ciclos de licenciatura, entre muchas otras formas en que se manifiesta la “autofinanciación”, es
un paso que debe ser inmediato, pues ni siquiera supone la anulación de la LES, paso para el cual podemos
esperar para que los legisladores lleguen de sus provincias y se sienten en sus bancas. Pues a la exigencia
para la anulación inmediata de todos estos convenios, que no se logrará a menos que exista una voluntad
masiva y movilizada para que esto suceda, debe suceder un inmediato incremento de las partidas
presupuestarias para la educación por parte del gobierno.
6 La anulación de esta ley tiene numerosos fundamentos, por ejemplo: es muy anticuada y nadie puede
creer que estamos en la misma situación que en 1958 (la pregunta es: ¿por qué en los noventa no se anuló
esta ley, al aprobarse las leyes de “expoliación minera“? La respuesta es: porque se pudo hacer una UTE y,
de paso, tener asociadas a las UP); por otro lado, supone ya un esquema de financiación por fuera del
presupuesto nacional para las UP.
2) ¿Por qué rechazar los fondos?
“Y si hubiera honores y elogios que los prisioneros se
entregaran a veces unos a otros, y premios para el que
distinguiera con más precisión las sombras que
pasan… ¿te parece que el hombre liberado podría
desear los premios […] o sufrir lo que sea antes que
juzgar sobre esas sombras y vivir de aquel modo”
(Platón,
República, 516c-d, trad. Mársico-Divenosa)
Como vimos, ambos fondos provenientes de MAL cumplen con la legalidad establecida:
los convenios se pueden realizar en el marco de las facultades que estipulan la “autarquía
financiera” o “autofinanciación” de las UP en la LES, mientras que los fondos del
YMAD se reciben por orden de la ley 14.771. En esta forma legal descansan los rectores
y consejeros que aprobaron los convenios y los fondos del YMAD
investigadores como Reboratti que apoyan estas decisiones, amén de las camarillas que
están directamente involucradas en los beneficios de estos fondos (en el caso de la
UNSAM, el Ing. Hugo Nielson y su entorno). Del otro lado, la oposición a los fondos se
basa en que las UP no pueden recibir fondos como socias de un emprendimiento
probadamente contaminador y probadamente expoliador como el de la Alumbrera. Aquí
es donde se definen las posturas: o nos jugamos por la legalidad y cerramos los ojos ante
la realidad o pensamos críticamente más allá de la legalidad, que no es más que
apariencia y fenómeno, o sea, que aparece y se esfuma con la velocidad con que un grupo
mayoritario de legisladores aprieta el botón de su banca. La postura de rechazar los
fondos supone, como se dijo más arriba, arribar a las instancias formales en las que el
rechazo se hace efectivo, pero se anticipa a éstas por medio de una amplia discusión y
movilización en las Universidades, como son las valerosas oposiciones formales de las
facultades de Psicología y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
de la Patagonia, así como las declaraciones de Centros de Estudiantes, Agrupaciones,
Consejos Consultivos y movimientos de diversa heterogeneidad de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, de la de Luján, de la Universidad Nacional del Sur, de la Pampa,
de Salta, etc. Resaltó y ayudó a propagar la presión para que se abriera el debate, la carta
enviada por Adolfo Pérez Esquivel al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
y a los rectores de todas las UP
Ahí tenemos el hecho: rechazamos los fondos de la minera porque son fondos que
consiguen las UP como socias de una empresa contaminadora y expoliadora, que mata y
deteriora nuestro medio ambiente, matando generaciones futuras. Pero este rechazo no
tiene que ver directamente con los fondos ni con ningún “prurito ético”, como sugieren
algunos histéricos apologistas, sino que se basa en razones políticas que deciden el
7 así como docentes e8, de la sede Esquel de la Universidad Nacional9.
7 Ver en Anexo V una nota publicada en el diario
ciertos tópicos que aparecen en quienes aceptan los fondos.
8 Ver en Anexo IV una declaración conjunta de distintas organizaciones de la UBA.
9 Véase en Anexo II esta carta, espléndida síntesis de la comprometida situación de MAL.
La Arena de la La Pampa, muy ilustrativa a los fines de
destino de nuestra sociedad, pues el hecho de rechazar las fondos va ligado, como
primera instancia, al hecho de disolver la sociedad con MAL, paralizando la explotación
del yacimiento. Un rechazo puramente testimonial, puramente “ético“, no tendría ningún
efecto sobre la realidad. Es la vieja afirmación de que la ética se define en la política.
Por otra parte, una segunda instancia del rechazo sigue la siguiente dirección: la que
proclama que la educación pública debe romper las cadenas que la atan al interés privado
de las empresas, que arrasan todo a su paso con tal de obtener ganancias, así como debe
romper la cadena que la ata específicamente a la explotación de los yacimientos del
YMAD y debe recibir la totalidad de su presupuesto del presupuesto del Estado Nacional.
Así, virando el interés de la Universidad del interés privado al interés público (ya que a
eso tiende la financiación estatal), estará en mejores condiciones de generar conocimiento
(saber, ciencia, técnica) que luego será utilizado en la explotación de yacimientos como
los del YMAD con un propósito social y con un criterio que impida la destrucción del
medio ambiente y de las poblaciones aledañas a estos emprendimientos: si el
conocimiento producido en la Universidades Públicas tuviera este propósito, sería
imposible que se utilizaran técnicas destructivas para la explotación de los distintos
yacimientos, ya que no se harían en base a la producción de ganancia sino en función de
las necesidades sociales
Universidad puede dar un primer paso hacia eso. Rechazar los fondos, rechazar a Minera
Alumbrera, unirse a los que vienen denunciándola, unirse a los pueblos afectados, unirse
a los trabajadores de la mina, unirse al rechazo a la expoliación imperialista, es un paso
que adelanta el gran cambio social necesario para parar la maquinaria que, loca por la
ganancia, va chorreando la sangre de nuestros hermanos y destruyendo nuestro hábitat;
nuestro, de los humanos y de los animales.
Estas consideraciones, por medio de las cuales nos hemos abstraído de las apariencias y
los fenómenos, tanto de las imposiciones legales y del discurso oficial, atado al poder
económico, como de cualquier forma de mistificación del dinero que ingresa a las UP
10. Esto requiere, claro está, otro tipo de cambio social, pero la11,
10 Aquí también nos confunden las sombras: tenemos que tener en cuenta que la visión capitalista de la
explotación de la mina trae sus beneficios sociales como “contra efecto virtuoso” de la búsqueda de
maximizar el capital, aquella locomotora loca de Adam Smith que en su búsqueda de ganancia hacía
prosperar las estaciones intermedias (así, las políticas de Responsabilidad Social Empresaria; así, cualquier
cosa que un apologista pueda mostrarnos que se hizo con la minería, v.gr., una cañería de cobre). Esto no lo
negamos, simplemente lo enfrentamos. Creemos que la necesidad social debe anteponerse a la de
producción de ganancia, que no solo trae sus “contra efectos virtuosos“ sino los “desastrosos“, como son la
ingente contaminación y destrucción ambiental, los efectos negativos en la poblaciones aledañas al
yacimiento, la explotación y superexplotación de sus trabajadores directos e indirectos, algunos de los
cuales, incluso, han muerto en accidentes en la mina. No parar esta maquinaria destructiva, obnubilados por
las sombras del presente, nos llevará a nuevas lamentaciones futuras. La sangre y los gritos que recorren la
historia latinoamericana nos imponen la necesidad de luchar.
11 Que es tan distinto y tan indiferenciado como el mismísimo que ingresa a las arcas del Estado por
medio del impuesto a las ganancias o a las exportaciones, etc. “Mistificar el dinero”, en breve formulación,
sería la posición que está en contra de los fondos mineros porque son “fondos manchados”, que puede
servir a los efectos de difusión de la causa, pero que no aporta a una discusión de intereses encontrados.
Desde esta perspectiva, tras hacer un informe desagregado del presupuesto nacional, deberíamos rechazar
muy buena parte del presupuesto que hoy en día ingresa a las universidades por el rubro presupuesto
nacional (esto es lo que llamamos “cuestión escolástica”). La posibilidad de crear comisiones
“escolásticas” para investigar y fiscalizar los fondos que ingresan a las UP por medio de la
nos llevan a sentir muy a la mano el rechazo a los fondos de la Alumbrera (porque ya no
rechazamos, en los hechos, simplemente los fondos de MAL, sino que rechazamos a
MAL y rechazamos el subyugamiento de las UP a intereses privados) y nos llevan a sentir
muy a la mano la posibilidad de un cambio profundo que cambie no el mero “origen de
los fondos” que financian nuestras universidades sino la función social que ella cumple.
“autofinanciación” -como sugiere, v.gr., el Dr. Montenegro- no es más que una reafirmación de la
dependencia de la UP de los fondos privados, más allá de agregar una burocracia que todavía dificultaría
más salir del actual esquema de financiación de las UP.
Anexo I: El cruce Svampa-Reboratti
DEBATE
Dinero oscuro de la minera
Por: Maristella Svampa, Socióloga
(CONICET, UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO)
El geógrafo Carlos Reboratti publicó el sábado una nota de opinión criticando a aquellos sectores
académicos que hoy cuestionan que el Consejo Universitario Nacional haya aceptado fondos provenientes
de la compañía minera Bajo La Alumbrera, actualmente procesada por la Justicia Federal.
El autor desconoce los objetivos de la ley 14771, que estipula la distribución de beneficios a las
Universidades Nacionales. El espíritu de esa ley, sancionada bajo el gobierno de Frondizi, apuntaba al
desarrollo científico nacional así como al control del Estado sobre los recursos naturales. Estemos de
acuerdo o no con estas premisas, el caso es que el espíritu originario de la ley hoy ha sido completamente
tergiversado, gracias a las “generosas” reformas de los 90 que inhiben al Estado nacional de disponer del
subsuelo y favorecen de manera escandalosa, a través del nuevo marco regulatorio, un modelo de
expropiación económica en manos de grandes empresas transnacionales.
Reboratti parece ignorar que este tipo de minería utiliza tecnologías modernas más agresivas que las de
antaño (dinamitación de montañas enteras, utilización de grandes cantidades de agua, procesos de
lixiviación con sustancias químicas), que generan gravosos efectos socio-ambientales y colisionan con las
economías locales y las formas de vida de las comunidades involucradas.
Para el caso de La Alumbrera, cuya explotación afecta a Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Tucumán,
son numerosas las denuncias existentes, una de las cuales condujo a su actual procesamiento por el “delito
de contaminación peligrosa para la salud”.
En consecuencia, las Universidades públicas no pueden aceptar acríticamente estos fondos,
desentendiéndose tanto del espíritu de la ley como del actual procesamiento judicial de La Alumbrera, que
arrastra con todo un historial de violación de derechos humanos. Tampoco pueden ignorar las ingentes
denuncias de las comunidades afectadas por la vertiginosa expansión del actual modelo minero en nuestro
país, que subrayan el carácter insostenible del mismo.
Fuente: http://www.clarin.com/diario/2009/07/31/opinion/o-01968948.htm
DEBATE
Ambiente: el error del no a todo
Por: Carlos Reboratti
Fuente: GEOGRAFO (UBA, CONICET)
Circula por diferentes ámbitos el tema de un pago de 50 millones de dólares que la compañía minera Bajo
de la Alumbrera ha girado al Consejo Universitario Nacional. Se ataca al CIN por haber aceptado ese
dinero, con el argumento de que está originado en una empresa sobre la cual pende una acusación por
contaminación ambiental.
Esta reacción se inscribe en un tema más general, el notable crecimiento en nuestro país de un pensamiento
ambientalista que se podría llamar ludista (en el sentido de su oposición al progreso técnico) y que con
argumentos pocas veces bien fundamentados le dice no a todo: no a la energía nuclear, no al uso del
glifosato, no a las papeleras, no a la soja RR, no a la minería… Y nunca ofreciendo una alternativa realista y
razonable.
El pago que tiene que depositar la compañía minera al CIN no es una dádiva sino una obligación
contractual por los derechos que la Universidad de Tucumán tiene sobre el yacimiento Aguas de Dionisio,
que explota dicha compañía. Es por lo tanto absolutamente legítimo, y se basa en el principio de que las
compañías mineras (o de cualquier otro tipo) deben cumplir con sus obligaciones legales, más allá de su
situación judicial. ¿Por qué perdonar a la compañía minera el pago de sus obligaciones en base a una
posición teóricamente principista pero mal informada?
Parece por lo menos irresponsable pensar que una compañía por estar acusada (remarco acusada) debería
dejar de cumplir con sus obligaciones legales. En todo caso, si se tiene algún prurito sobre este tema, se le
debería pedir al CIN que esos fondos se dediquen a pagar investigaciones sobre los problemas de
contaminación.
En el fondo el tema de la rabiosa oposición ambientalista a casi todo parte se basa en una idea curiosamente
retrógrada y fatalista: que la sociedad y el Estado no tienen ni aparentemente pueden tener capacidad de
control sobre los impactos ambientales de las empresas, y por lo tanto la solución es impedir que éstas se
instalen. El problema no es la contaminación, que es inevitable, sino cómo controlarla. w
Fuente: http://www.clarin.com/diario/2009/07/25/opinion/o-01965114.htm
Anexo II: La carta de Pérez Esquivel a los rectores de las UP y al CIN
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.-
Señor
Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional
Darío Pascual Maiorana
Señores/as
Rectores/as de las Universidades Nacionales[1]
S / D
Reciban el fraterno saludo de Paz y Bien.
Me dirijo a Ustedes a fin de expresarle mi profunda preocupación, en relación a la distribución, entre las
universidades públicas, de fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.
En virtud de la ley 14.771[2] y sin mayor debate, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con
la resolución 672 del 10 de julio del 2008, la distribución de 50 millones de pesos. Esta decisión fue luego
avalada por cada una de las universidades, que recibieron desde 990 mil pesos hasta cerca de 3 millones y
medio de pesos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). A nuestro conocimiento, la sede Esquel de la
Universidad Nacional de Patagonia es la única institución universitaria que rechazó estos fondos, por
motivos éticos. Ahora, hace menos de un mes, con la resolución 699 del 18 de mayo del 2009, el CIN
aprobó una nueva distribución, esta vez de 36,8 millones de pesos.
Sabemos de las necesidades financieras de las universidades nacionales, las cuales no logran cubrirse con
las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación. Sin embargo, nos parece que tanto el
CIN como cada una de las universidades nacionales deberían rechazar esos fondos millonarios, por el
hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a
los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento.
Entre otros muchos efectos desastrosos provocados por la gran minería, cabe recordar que el uso
indiscriminado del agua por Minera Alumbrera Ltd. (100 millones de litros por día) provocó la
desaparición de la gran parte de las actividades agrícolas en los departamentos aledaños[3]; la
contaminación del agua y del aire aumentó de manera constante los casos de cáncer y las enfermedades
respiratorias[4], y provocó la muerte de muchos animales (tanto ganado como animales salvajes); la
libertad de expresión de los ciudadanos es cada día más violada. Se trata de una actividad que afecta de
manera ampliamente negativa las condiciones de vida no sólo de las poblaciones actuales, sino también de
las generaciones futuras.
Además, como lo destaca Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba, “hay un aspecto ético
involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un
delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades”[5]. Así, lo más alarmante es que
esta empresa no haya sido obligada a suspender sus actividades, aún cuando su vice-presidente Julian
Patricio Rooney está siendo procesado por daño ambiental por la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una
multinacional minera por delito ambiental, y una importante oportunidad para luchar contra la impunidad
en materia ambiental. Cabe destacar que esta causa se inició en abril de 1999, y, sin la intervención y la
perseverancia del Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán, hubiera continuado paralizada mucho
años más. El fallo se apoya en pruebas contundentes sacadas de los informes de impacto ambiental de la
empresa misma, demostrando la contaminación de las aguas del canal de desagüe DP2, donde se vierten los
efluentes de la planta de filtrado del concentrado de mineral del yacimiento Bajo La Alumbrera[6]. Ya en
2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba los graves impactos ambientales
causados por esta mina[7].
Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre
toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la
universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la
producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que
desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.
Por otro lado, nos parece importante subrayar que la distribución de dinero proveniente de este megaproyecto
minero no es la única arremetida de las grandes corporaciones económicas sobre el ámbito
académico. Son muchos los científicos y las instituciones académicas que fueron cooptados y que
multiplican las publicaciones complacientes con el modelo sojero y el modelo extractivo minero. Eso
contribuye a desprestigiar el ámbito académico; en lugar de cumplir con su deber de informar a la sociedad
civil, estas actividades tienden a desinformar. Pero también son muchos los científicos, investigadores y
académicos que tratan de proponer miradas alternativas al discurso hegemónico, poniendo a la luz los
daños irreparables provocados por estas actividades destructivas, saqueadoras y contaminantes. Varios de
ellos luego sufrieron represalias y sanciones adentro de sus instituciones.
Señor Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y Señores/as Rectores/as de las Universidades
Nacionales, les pedimos tengan presente que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10
años ahora, viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a vivir en un
ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y
políticos de millones de personas.
Las universidades que Uds dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los
ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir
sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.
Por todo eso, y porque sabemos de su compromiso con los intereses del pueblo y con la libertad académica,
solicitamos que cumplen con la exigencia ética de rechazar los fondos provenientes de YMAD.
Les agradecemos toda la atención que pueda prestar a esta situación, y adjuntamos información más
detallada[8] respaldando nuestro pedido.
Les reitero mi fraterno saludo.
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de la Paz
________________________________________
[1] Enviamos esta carta a los/as rectores/as de las universidades nacionales que recibieron parte de estos fondos: Buenos Aires,
Catamarca, Centro, Chilecito, Comahue, Córdoba, Cuyo, Entre Ríos, Formosa, General San Martín, General Sarmiento, Iuna, Jujuy,
La Matanza, La Pampa, La Plata, La Rioja, Lanus, Litoral, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Misiones, Nordeste, Noroeste de
la Provincia de Buenos Aires, Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Quilmes, Río Cuarto, Rosario, Salta, San Juan, San Luis,
Santiago del Estero, Sur, Tecnológica, Tres de Febrero, Tucumán, Villa María.
[2] El yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. fue descubierto por Abel Peirano, que lo registró a nombre de la
Universidad de Tucumán en 1948. Luego la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento por lo que se
conformó YMAD, una empresa interestatal de derecho privado. Para explotar la mina, en 1994, YMAD conformó con la empresa
transnacional Minera Alumbrera Ltd. una unión transitoria de empresas (UTE), por la cual recibe el 20% de las ganancias de esta
explotación. De este monto, según la ley 14.771, a la provincia de Catamarca le corresponde un 60%, a la Universidad de Tucumán un
20% y el 20% restante se dirige al CIN y las demás universidades nacionales.
[3] Ortiz, Ricardo, Las empresas transnacionales en la minería argentina: seguridad jurídica para las empresas, inseguridad ambiental e
incumplimiento de los derechos de las comunidades locales, Informe de investigación, Observatorio de las Empresas Transnacionales,
Foro Ciudadano de Participación para la Justicia y los Derechos Humanos, Buenos Aires, 2007.
[4] Entre 1998 y 2002, luego del comienzo de la explotación de Bajo La Alumbrera, el número de patologías respiratorias de los niños
aumentó un 63% según datos del servicio de pediatría del Hospital Zonal de Andalgalá en Catamarca (Nota nº44/03, área
programática nº9). Desde entonces el hospital dejó de publicar datos estadísticos al respecto.
[5] “El oro no brilla en la academia”, Página 12, 5 de junio de 2009.
[6] Más información en: Causa “González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051”. Expte nº47.958. Juzgado Federal de Tucumán
nºII.
[7] Secretaría de Minería de la Nación, Provincia de Tucumán – Determinación de impactos ambientales, marzo de 2007.
[8] Adjuntamos el informe y carta entregada al vice-presidente de Minera Alumbrera Ltd., en octubre 2008, así como el informe
Impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina, realizado en julio 2008.
Anexo III: Extracto del documento que sintetiza la posición de la Facultad
de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
EL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE MINERA ALUMBRERA SOBRE CINCO
PROVINCIAS DE ARGENTINA. ANTECEDENTES DE VIOLACIÓN A NORMATIVA VIGENTE
Y DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE ALUMBRERA LIMITED Y SUS GERENCIADORAS
(XSTRATA COPPER, GOLDCOPRP INC Y YAMANA GOLD). PEDIDO DE RECHAZO DE LOS
FONDOS PROCEDENTES DE YMAD DESTINADOS A UNIVERSIDADES NACIONALES
. Por:
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo
A. INTRODUCCIÓN
El envío de fondos desde YMAD a las Universidades Nacionales ha generado un amplio debate en las
universidades nacionales y la sociedad. Este informe muestra que ese envío y la aceptación por parte del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
por lo menos desde 2008 en que se traspasó la primera remesa de fondos (50 millones de pesos). Aunque
queda pendiente el análisis de porqué este traspaso recién comenzó en 2008 (cuando es público que la UTE
YMAD-
menos 1997) debe quedar claro que el rechazo a los fondos sostenido por nuestra Facultad de Psicología y
otras unidades académicas de Argentina es ético. No legal.
La información contenida en este informe muestra cómo los gerenciadores de
normas en Argentina y contaminaron en forma flagrante ambientes muy sensibles de Catamarca, Tucumán
y Santiago del Estero, por lo cual está procesado penalmente su Vicepresidente Primero, Julián Patricio
Rooney [6]. También analiza someramente los posibles impactos ambientales sobre Córdoba y Santa Fe.
Describe asimismo los pésimos antecedentes en materia de derechos humanos, derechos laborales y
ambiente que tienen
Las universidades públicas pueden recibir recursos económicos procedentes de sectores privados, algo que
viene ocurriendo desde hace décadas, pero anteponiendo condiciones éticas. ¿Recibiría la Universidad
Nacional de Córdoba una donación hecha por Luciano Benjamín Menéndez, responsable de genocidio,
procesado y condenado por la Justicia Federal? Ciertamente no.
Si se reciben fondos de personas o instituciones que violaron normas, y que al hacerlo pusieron en riesgo la
salud y la vida de las personas, tal aceptación demuestra ausencia de criterios éticos y “blanquea”
indirectamente la imagen individual o corporativa de quienes transfieren fondos. Es irrelevante en este caso
la legalidad que ciertamente tiene la transferencia de YMAD a las universidades nacionales. Quienes
receptan fondos deben estar atentos a la conducta social de quienes los transfieren, y solicitar –por lo
menos- una exhaustiva investigación y debate antes de hacerlo. Esto no ocurrió a nivel del CIN, ni tampoco
en la mayoría de las universidades nacionales.
Argumentar después de iniciado el debate que los fondos serán destinados a evaluar el impacto ambiental
de las empresas es tan perverso como utilizarlos rápidamente en inversiones de carácter social que tornan
difícil su crítica.
Las universidades públicas nacionales tienen como recurso económico principal el presupuesto nacional
que se nutre a su vez con los impuestos pagados por la sociedad. Desde las personas con más altos ingresos
hasta las más pobres entre los pobres contribuyen a que las universidades públicas subsistan. Irónicamente,
entre quienes contribuyen están las víctimas directas e indirectas de las malas operaciones de minera La
Alumbrera.
¿Es éticamente correcto recibir fondos de una empresa que dañó el ambiente y amenazó la salud de
personas en por lo menos tres provincias de Argentina, que violó en forma flagrante normativa vigente, y
cuya administración está en manos de tres corporaciones internacionalmente denunciadas por violación a
los derechos humanos, a los derechos laborales y agresiones al ambiente?
El Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, pionero en el rechazo de los fondos aportados por
YMAD, se hizo estas preguntas y las respondió con la Resolución 166/2009 (ver
la Facultad de Psicología y de otras instituciones que luego siguieron su ejemplo es esencialmente ético.
Pero ha dejado al desnudo la inexistencia en el CIN y en las propias universidades nacionales de
mecanismos académicos de vigilancia y debate. Como cuerpos sociales especializados en conocimiento
aceptaron recursos económicos sin antes haber utilizado el conocimiento disponible en las propias
universidades, en la Justicia y en el resto de la sociedad.
Este documento no solo fundamenta técnicamente el rechazo a los fondos de YMAD. También requiere de
la Universidad Nacional de Córdoba, de las otras universidades nacionales y del CIN la implementación de
mecanismos de vigilancia y debate para mejorar los dispositivos de recepción de recursos económicos, sea
cual sea su origen.
El presente informe ha sido realizado por la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de
Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) en conjunto con la Fundación para la defensa del ambiente
(FUNAM), ONG con status consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC,
Nueva York). Ha sido realizado para el Instituto Superior del Ambiente (ISEA) de la Universidad Nacional
de Córdoba, el Consejo Superior de la UNC y el CIN, pero también para la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC), la RENACE y los vecinos afectados por las malas prácticas de
Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero (y eventualmente Córdoba y Santa Fe). Sus contenidos pueden
ser utilizados en forma libre, parcial o totalmente, con la sola condición de mencionar la fuente.
.
es legal. Cumple indudablemente la Ley Nacional 14.771/1959,Alumbrera Limited viene operando y teniendo importantes beneficios económicos desde por loAlumbrera Limited violaronXstrata Copper, Goldcorp Inc y Yamana Gold.Anexo 1). El rechazo deAlumbrera Limited en
Anexo IV: Declaración “No a los fondos mineros” – UBA
No a los fondos de la Minera contaminante
Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos
Aires, acompañados por la presencia de organizaciones ambientalistas, nos reunimos el lunes 24 de agosto
para impulsar un movimiento de lucha que tiene como principal reclamo el rechazo por parte de las
Universidades Públicas y particularmente la UBA a los fondos provenientes del YMAD (Yacimientos
Mineros Agua del Dionisio), como parte de la Unión Transitoria de Empresas que conforma con la Minera
La Alumbrera Ltda. Esta última es la encargada de explotar la mina a cielo abierto más grande del país,
ubicada en la provincia de Catamarca, pero cuyos efectos contaminantes se extienden a Tucumán y
Santiago del Estero.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha aceptado por segunda vez consecutiva los fondos que por
la ley 14.771 deben ser distribuidos entre las Universidades Nacionales a raíz de las utilidades generadas
por las Mineras. Con el acuerdo ciego de prácticamente el conjunto de las autoridades universitarias,
rectores y decanos, entre el período 2008-2009, ha entrado a la Universidad Pública 87 millones de pesos.
El miércoles de la semana pasada se ha aprobado en la comisión de presupuesto del Consejo
Superior de la UBA, con el rechazo de una sola consejera, la aceptación de estos fondos, cuyo destino y
utilización ya se ha fijado con anterioridad (los 3,4 millones que corresponden a la UBA fueron utilizados
en la compra del Cine Cosmos, el cual se utilizará para los cursos arancelados del Rojas). Esta semana el
expediente pasará como tratamiento en la sesión plenaria del Consejo Superior. Cabe señalar que si hoy
está en tratamiento para que el Consejo Superior pueda decidir si acepta o no los fondos, es gracias a que la
Dirección de Contabilidad puso un freno a la intención del ex secretario de hacienda, Hernán Piotti Lopez,
de hacer uso del dinero sin tomar en cuenta lo que diga el Consejo Superior, algo que es antiestatutario.
Lamentablemente, haber defendido el derecho democrático al acceso a la información y al derecho a definir
sobre los fondos de la UBA le costó el puesto de trabajo a la directora de Contabilidad, Valeria Alonso,
quien fue desplazada de su cargo. Las autoridades recurrieron a la persecución y al apriete para que esto no
saliera a la luz.
Sin dudarlo, sin cuestionamiento alguno, sin debate y lo que es peor, ocultando al conjunto de la
comunidad académica la procedencia de estos fondos, se está intentando reafirmar el ingreso del dinero en
el conjunto de los Consejos Directivos y Superiores de cada una de las Casas de Estudios.
Como contrapartida, se está gestando a nivel nacional un gran movimiento de lucha de docentes,
estudiantes y trabajadores no docentes, que junto a las organizaciones sociales, ambientales y de los
pueblos afectados por la producción minera, ha logrado transformar este tema en un debate público
nacional y ha conquistado en algunas Unidades Académicas el rechazo de los fondos, tal como ha sucedido
en el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), en la Universidad Nacional de la
Patagonia, sede Esquel, en la Facultad de Cs. Sociales de la UBA, etc.
La Alumbrera consume el 25 % de la energía eléctrica suministrada sobre el NOA y el 87 % del
consumo total de la Provincia de Catamarca. Insume cuatro millones de litros de agua por hora, cien
millones de litros por día, lo que ha generado la sequía total de varios acuíferos, limitando el acceso de este
recurso a las poblaciones locales. Son recurrentes los cortes de luz y agua sobre las poblaciones. Por la
utilización de cianuro y otras sustancias (método prohibido en muchos países por ser altamente
contaminante) se ha provocado la contaminación de los canales de agua que son utilizados para el consumo
de la población y para las actividades agropecuarias. Se muelen diariamente cerca de 150 mil toneladas de
roca, lo que genera nubes de polvo, provocando múltiples enfermedades respiratorias. En los últimos años
se ha comprobado un aumento del 600% en los casos de cáncer. Sin embargo, los sucesivos gobiernos,
incluido la gestión de los Kirchner, han reafirmado la privatización de este recurso, les han otorgado todo
tipo de exenciones impositivas, además de ser casi nulas las regalías, han eliminado todo tipo de controles
sobre la actividad y han subsidiado en forma permanente a este sector, siendo que el 97 % de las utilidades
de las Minas se van al exterior. Las complicidades del gobierno nacional son tales que en la página Web de
la Secretaría de Minería de la Nación sólo se habla de las bondades de la producción minera.
Rechazamos estos fondos no sólo porque defendemos un Sistema Estatal Único de financiamiento de
nuestra Educación Superior, sino porque pensamos que la Universidad Pública con sus investigadores y su
producción de conocimiento debe estar al servicio del pueblo y no en favor de la apropiación privada y el
lucro capitalista. Aceptar los fondos significa para la Universidad Pública constituirse en cómplice del
saqueo de nuestros recursos naturales, de la minería a cielo abierto con sus graves efectos contaminantes
que produce sobre la población, del agotamiento de recursos limitados como es el agua y la energía
eléctrica, del escaso valor de uso que tienen estos metales, utilizados básicamente como reservas de
riquezas y consumos suntuarios. Hoy varios equipos de investigación de la Universidad de Buenos Aires
abordan desde distintas disciplinas los temas relacionados con esta actividad desde una ciencia y un
pensamiento social crítico, señalando los efectos destructivos e irreversibles sobre el medio ambiente y la
vida humana.
Sin embargo, contra el trabajo de muchos docentes e investigadores independientes, las
corporaciones mineras han logrado comprometer con sus dineros el silencio de las autoridades
universitarias, y más aún hacer avanzar a través de todo tipo de convenios la investigación y la utilización
del espacio público de las Universidades al servicio de las necesidades de la Mina contaminante. Esto es lo
que ha sucedido en la Universidad Nacional de Tucumán, donde un primer informe de un grupo de
especialistas-investigadores ha llegado a la conclusión que la Mina no contamina. Por otro lado, comienzan
a proliferar convenios bilaterales entre las distintas Unidades Académicas y los gobiernos provinciales,
municipales y hasta directamente con las Mineras en vistas a favorecer su infraestructura y por lo tanto
hacer acrecentar sus ganancias. Como es el caso del convenio establecido entre el gobierno de Catamarca y
el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte, dependiente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de
la UNC, utilizando los recursos estatales para mejorar el transporte ferroviario utilizado por las Mineras.
Tanto es el interés particular de las camarillas que despiertan estos fondos privados que se ha
avalado sin ningún tapujo a una empresa, como es La Alumbrera, cuyo Presidente se encuentra acusado en
EEUU por lavado de dinero y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, está procesado por disposición de la
Cámara Federal de Tucumán Nº II por violación del Art. 55 de la Ley 24.051, un delito federal, que refiere
al vertido de residuos tóxicos que contaminaron el agua, el aire y el suelo, afectando la vida y el ambiente
general. Es decir las autoridades Universitarias además de avalar el saqueo de los recursos naturales y la
depredación del medio ambiente, también están avalando a delincuentes.
Sin embargo, estamos los que estamos convencidos que el sistema universitario y científico podría jugar un
papel significativo en la Sociedad porque es uno de los pocos actores públicos que puede proveer los
saberes técnicos independientes en función de satisfacer las necesidades populares. La universidad pública
podría generar un servicio de suma importancia, no sólo a las localidades en disputa con las corporaciones
mineras sino a todo el país, que necesita conocer qué decisiones toman nuestros gobernantes en materia
productiva cuando los bienes comunes están en juego. Por eso, quienes firmamos esta declaración,
seguimos defendiendo una Universidad Pública, gratuita, masiva y con autonomía para la producción
científica, apostando a una visión crítica e independiente de las autoridades, de los gobiernos de turno y de
la producción privada.
Desde este espacio convocamos a todos los docentes, investigadores, trabajadores no docentes,
estudiantes, organizaciones sociales, de DDHH, organizaciones ambientalistas, y a toda la comunidad
educativa a participar de una concentración y una radio abierta sobre el Rectorado de la UBA el próximo
miércoles a las 8 hs en Viamonte 430 a movilizarnos para exigir que las autoridades rechacen los fondos de
las Minas contaminantes.
Firman y adhieren: Organizaciones gremiales y comisiones internas: FUBA, Conadu H, AGD-UBA, Centro de Estudiantes de
Ciencias Sociales, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras, Centro de estudiantes de Cs. Exactas y Naturales, Centro de Estudiantes
de Psicología, Centro de Estudiantes de Veterinaria… Consejeros: Margarita o Campo, Minoría de Graduados de la Facultad de
Ciencias exactas
Ileana Cellotto, Minoría de graduados de la Facultad de Psicología, Mariela Solesio, Consejera Superior por la minoría del claustro
estudiantil. Alejandro Lipcovich, Consejero Directivo por la mayoría del claustro estudiantil: Martín Pérgola Consejero mayoría
estudiantil FCEyN, Federico Holik Consejero minoría graduados FCEyN y miembro de AGD-UBA. Docentes / Investigadores,
Becarios Conicet , Ubacyt y Foncyt de la UBA: Pablo Bergel, Sociólogo, Alicia Rodríguez, docente UNGS y miembro de Tribuna
Ambiental. Organizaciones estudiantiles: UJS-Partido Obrero, Corriente Julio A. Mella, La Mala Educación, La Mariátegui, En Clave
Roja-PTS, Socialismo Libertario, Frente Universitario Proyecto Sur, Viejo Topo-Poder Estudiantil, Viejo Topo-Colectivo
Universitario, JXI – Coalición Cívica, En Acción- Exactas, Rebelión (El Andamio, Los Necios y El Estallido). Organizaciones
ambientales y de DDHH: Viviana Puccio , Tribuna Ambiental, Jorge Steimbach, Tribuna Ambiental, Matías Neglia, Tribuna
Ambiental. Saludos, nos vemos en el Consejo Superior Viamonte 440 Capital el día miércoles 26/8. Seamos puntuales. A las 8 hs. Nos
vemos!!
Anexo V: Debate en la UNLPam por fondos mineros, diario
La Arena.
Declaraciones del rector Maluendres.
Debate en la UNLPam por fondos mineros
El rector Maluendres envió un proyecto al Consejo Superior para que ingresen esos fondos. Dijo que “no
escapamos al debate” y que “promovemos cualquier denuncia” si hubiera una violación a la normativa de
protección del medio ambiente. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam)
comenzó a discutir el ingreso y distribución de fondos provenientes de las utilidades de un emprendimiento
minero en Catamarca que fueron cuestionados por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por su
procedencia ya que la empresa violaría las normas de protección del medio ambiente. El dirigente de
DDHH había pedido que no fueran aceptados “por motivos éticos”. El rector Sergio Maluendres entregó en
la última sesión del Consejo, realizada el miércoles, un proyecto para tratar el ingreso de esos fondos a
repartir del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
(YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca. Estos dineros, que se distribuyen, en diferente grado,
entre las más de cuarenta universidades públicas nacionales, fueron objetados por Pérez Esquivel en una
nota que envió al Consejo Interuniversitario Nacional y a cada rector. En la misiva reclamó a los
funcionarios universitarios que rechacen la distribución de 36,8 millones de pesos “por el hecho de que
provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos
humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”.
Ingreso y distribución.
Maluendres explicó a LA ARENA que el miércoles ingresó el proyecto junto con la carta de Pérez Esquivel
que objeta esos fondos. El rector pampeano indicó que esta es la segunda distribución que se hace, ya que
en 2008 llegaron a 50 millones de pesos y fueron aceptados por la UNLPam. Maluendres explicó que
“estos fondos se han comenzado a repartir desde 2008, porque están establecidos en una ley del año 1958
que fue votada por el Congreso Nacional, en la que indica que la Universidad Nacional de Tucumán y las
otras universidades nacionales percibirán un porcentaje de las utilidades de ese emprendimiento. En este
sentido, la solicitud de Pérez Esquivel y de otros organismos universitarios que pidieron que no se los
acepte es una solicitud claramente ilegal. No podemos no ingresarlos a estos recursos, porque sería de mi
parte un incumplimiento de funcionario público. Sólo el Consejo Superior puede hacerlo”.El rector aclaró
que “nos interesa el debate” y por eso ahora el Consejo Superior cuenta tanto con el proyecto como con la
carta y otros fundamentos en contra de la distribución. La iniciativa del Rectorado, como la elevada el año
pasado, pide la aprobación del ingreso de los fondos, que son 774.639 pesos para la UNLPam, y además
hace una distribución en proyectos institucionales, tal cual lo ordena la ley. “Esos dineros se distribuyen en
un 50 por ciento a la Universidad de Tucumán, que es la que descubrió y explota el recursos, y el otro 50
por ciento al resto va a las casas de estudios. El CIN recomendó que fueran para proyectos institucionales y
en nuestro caso se va a usar una parte sustancial en incrementar las becas, unos 160.000 pesos, para
estudiantes, otros 240.000 pesos para reforzar el programa de transporte y otros 50.000 para seguridad e
higiene”.
Cumplir con la ley.
El rector consideró que “es un tema controvertido a la hora de tomar una definición, pero nosotros tenemos
argumentos claros y precisos. El YMAD es una empresa estatal mixta que integran la Universidad de
Tucumán, la provincia de Catamarca y la Nación. Hay denuncias que han tomado estado judicial sobre
violaciones a la normativa de protección del medio ambiente por la explotación a cielo abierto que se hace
en Catamarca. Si bien se aceptan los fondos por ley, también queremos que se cumpla la ley, y por ello no
vamos a tener complicidad con cualquier irregularidad si prosperan las denuncias, que algunas ya han
prosperado, en la justicia”, indicó. “Esto no nos hace cómplices de situaciones que se están denunciando, y
es más, promovemos cualquier denuncia de violación a la normativa de protección del medio ambiente. Por
eso desde el CIN se ofreció y se convocó a Pérez Esquivel para poner investigadores y científicos para
tener una activa participación en el control de La Alumbrera. Queremos que se cumpla la ley”, dijo.
Fuente:
http://www.laarena.com.ar/la_ciudad-debate_en_la_unlpam_por_fondos_mineros-35841-115.html
Anexo VI: La resolución de la CIN
Asuntos Económicos
“YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO”.
DISTRIBUCIÓN DE LAS
UTILIDADES LÍQUIDAS.
Visto:
las disposiciones de la ley 14.771, art 18 inc. c, que prevén la distribución de
utilidades de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio entre las universidades del
Estado, y la nota de la empresa que informa que a la fecha hay Pesos Treinta y Seis
Millones Ochocientos Mil ($ 36.800.00.-) disponibles. Y
Considerando:
que debe procederse a formular un criterio de asignación a cada Universidad; que
analizadas distintas posibilidades, recoge la mayoría de los votos la que propone
aplicar criterios similares a los de la anterior distribución.
Por ello,
EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL
Acuerda:
Art. 1 : Proponer la distribución de las utilidades líquidas y realizadas de los
“Yacimientos Mineros de
Agua de Dionisio” disponibles a la fecha del presente, aplicando igual criterio al
establecido por el Ac. Pl. N 672/08.
Art. 2 : Sugerir a las instituciones universitarias favorecidas que asignen estos
fondos a proyectos institucionales.
Art. 3 : Regístrese, dése a conocer y archívese.
Norma Beatriz Costoya Darío P. Maiorana
Secretaria Técnica Presidente
¡EL GOBIERNO UNIVERSITARIO PONE LA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS Y JUNTO AL GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRA SUS NEGOCIOS!
En San Martín hay dos realidades, la primera, la de los negociados y convenios a favor de las grandes empresas por parte de los establecimientos educativos superiores como la UNSAM, la de la “seguridad” contra los pobres combatida con la gendarmería en los barrios criminalizando la pobreza, y las jugosas ganancias de los empresarios en todos los años de crecimiento económico.
Del otro lado del muro tenemos las villas miseria, cada vez mas pobladas de trabajadores y sus familias sin acceso a vivienda, la educación con escuelas que se caen a pedazos y docentes precarizados, la persecución injusta a la juventud de los barrios pobres como Cristian Zapata y Cesar Huder de Villa Progreso apresados injustamente desde hace 4 meses por la policía bonaerense que los gobernantes quieren reforzar, y la gran precarización laboral existente en San Martín , donde miles de jóvenes que ingresaron durante los últimos años de crecimiento económico a las fabricas con relaciones laborales en negro, ahora que hay crisis son despedidos y suspendidos o cierran las fabricas , manera con la que los empresarios les hacen pagar la crisis.
Ivoskus es quien dijo que ha llevado su gestión adelante gracias a trabajar “codo a codo” con el empresariado y las cámaras empresarias y quien alienta el despliegue de la gendarmería en San Martín estimulado por el gobierno Kirchner para “paliar la ola de inseguridad”; Ivoskus es quien fuera “miembro fundador” de la UNSAM (S.A.) y quien lanzó en abril la “Agencia de Desarrollo Local San Martín” (ADELSAM) junto al Rector Carlos Ruta. Ivoskus es también Daniel, su hijo y candidato a consejal, profesor de la UNSAM, titular de la cátedra “Responsabilidad Social Empresaria” de la Escuela de Economía y Negocios y difusor de dicha ideología que intenta legitimar socialmente al capitalismo y, especialmente, a convenios como el que la UNSAM firmó con la multinacional Minera Alumbrera de Catamarca, la expoliadora y la contaminadora.
El rector Carlos Ruta, que va de aquí para allá tras cuanto proyecto empresarial presente Ivoskus, dice que no quiere más una universidad cerrada, sino que tiene que estar abierta: ¡abierta a los negociados, a los convenios, al trabajo precario, al repliegue de las carreras universitarias en los intereses empresariales! ¡Pero una universidad cerradas al pueblo pobre y a los trabajadores!
¡POR UNA UNIVERSIDAD AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO POBRE!
¡POR CARRERAS UNIVERSITARIAS BASADAS EN LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES MÁS ACUCIANTES Y GENUINAMENTE ENCAMINADAS AL PROGRESO CIENTÍFICO Y SOCIAL!
¡ELLOS HACEN POLÍTICA CON NOSOTROS, CONTRA NOSOTROS Y CONTRA EL PUEBLO TRABAJADOR! ¡NO PODEMOS QUEDARNOS CON LOS BRAZOS CRUZADOS!
